Cuando el Gobierno aprobó la amnistía fiscal en marzo de 2012 —anulada este año por el Tribunal Constitucional—, los teléfonos y los correos electrónicos de despachos de abogados, consultorías y asesores fiscales comenzaron a echar humo. La inmensa mayoría de sus clientes solicitaban información acerca de los trámites necesarios para regularizar el dinero que permanecía oculto hasta entonces al fisco español. “Cualquiera que no teniendo motivos no fiscales (corrupción, divorcio, insolvencia…) no regularizó el tema en 2012 con ocasión de la amnistía fiscal, cometió una estupidez y estuvo muy mal asesorado”, manifestó un abogado fiscalista con problemas legales durante el 'reporteo' de los papeles de Panamá.
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